Automóviles estacionados en un aparcamiento antes de ser embarcados.
Sociedad

Los vaivenes del Gobierno marcan el futuro del vehículo

Prohibir es un término del que hay que estar segurísimo en el momento de lanzarlo en una propuesta. Esta pasada semana el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha debido dar marcha atrás (por segunda vez) en su propuesta de prohibir la venta de turismos de combustión así sean diésel, gasolina, híbridos o bien de gas desde dos mil cuarenta, y su circulación desde dos mil cincuenta.

Cuando a inicios de año la Ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, hiciese circular por vez primera esa idea en un boceto del Plan Nacional Integrado de Energía y Tiempo, la propuesta chocó frontalmente con el muro de la industria del vehículo (que representa un diez por ciento del Producto Interior Bruto de España).

Los reponsables del gobierno socialista tuvieron entonces que corregir y decir que solo era una posbilidad para establecer un criterio en la lucha contra el cambio climático. La pasada semana la idea resucitó en la propuesta de trescientos puntos que el Partido Socialista lanzó a Podemos para intentar buscar un pacto de gobierno.  Como la otra vez, no tardaron ni veinticuatro horas en decir que no lo habían dicho.

Un fallo involuntario

«Fue un error», una suerte de desatiendo, conforme arguyó la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto. A continuación retiraron la palabra prohibición del argumentario para decantarse por «tomar las medidas precisas a fin de que no después de esa data (dos mil cuarenta), los turismos y automóviles comerciales tengan unas emisiones de cero gramos de dióxido de carbono por quilómetro». Según lo que parece el documento que se entregó a Podemos (casualidad o bien no) incluía verdaderamente ese punto. «Nosotros jamás hemos hablado de prohibición», afirmó Maroto, el inconveniente es que la propuesta entregada era un boceto no terminante.

La reacción de los fabricantes de vehículos, por medio de sus asociaciones, Anfac, Aniacam, Faconauto, Sernauto y Ganvam, fue resplandeciente y velozmente trasladaron nuevamente su malestar al Gobierno en funciones. Desde el Ministerio abogaron de nuevo por el diálogo y la apuesta por una transición ordenada promoviendo la producción, la matriculación y la exportación de automóviles.

El Tratado de la ciudad de París

Todo este vaivén tiene el punto de inicio en la necesidad de acercarse al cumplimiento de lo establecido en el Tratado de la ciudad de París de cara a dos mil cincuenta que aboga por las cero emisiones de CO2. La regla, no obstante, abre un discute intenso a nivel industrial. Sostener la rentabilidad y abordar la transición veloz a la electrificación fuerza a los fabricantes a inversiones millonarias que van a chocar, a buen seguro, con multas no menos copiosas cuando en dos mil veintiuno no se cumplan los requisitos establecidos por la UE en materia de emisiones (noventa y cinco gramos de media de CO2 por quilómetro). A pesar de ello, el tema de la prohibición de los carburantes está lejos de generarse.

La comisaria europea de Industria y Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, aseguró últimamente que «bajo la presente normativa de la Unión, una prohibición completa de la comercialización, importación y matriculación de turismos nuevos de gasolina y diésel en un Estado miembro no es compatible con la ley de la UE». Quizás de ahí que al Gobierno en funciones no le costó dar marcha atrás.

Desde la Asociación de Constructores Europeos de Vehículos (ACEA), su presidente Carlos Tavares (presidente asimismo del Conjunto PSA), apuntó esta semana la necesidad de hallar la colaboracion de los organismos políticos en el momento de buscar un pacto global de transformación del ámbito del vehículo. Tavares apuntó que «es preciso conseguir soluciones al lado de los organismos políticos», abogando por una línea de trabajo seria que lleve a una electrificación del parque automovilístico europeo en dos mil cincuenta. Un fin ambicioso mientras que no se solvente el tema de la red de recarga y  no se legisle a este respecto.

La ACEA defiende que la movilidad eléctrica juega un papel vital en la descarbonización del transporte por carretera de cara a conseguir los objetivos medioambientales, mas que para esto es urgente que desde Bruselas se garantice el derecho a conectarse a la red eléctrica. «Las instituciones europeas deben apostar por el acceso a la recarga», apuntan desde ACEA, algo que no todos y cada uno de los paises de la UE están hoy día en condiciones de ofrecer.

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