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Las tiendas de centros comerciales denuncian el «trato discriminatorio» del Govern

Comercio y restauración de centros comerciales han denunciado este jueves el «trato discriminatorio» que padecen por la parte del Govern frente a un cierre de establecimientos amontonado de 6 meses y que amenaza la subsistencia de cientos y cientos de empresas y miles y miles de puestos. Sonia Plaza, presidente de la Asociación de Mercaderes de Centros Comerciales, ha reclamado la equiparación de aperturas de ese género de establecimientos a los que existen a pie de calle frente a la inexistencia de razones sanitarias que justifiquen el cierre.

La asociación estudia interponer demandas contra el Govern y el Ejecutivo de la villa de Madrid por las consecuencias económicas ocasionadas por el cierre. Los centros comerciales, opina Plaza, «han sido discriminados por el formato comercial más que por razones sanitarias justificadas». Demandan por esta razón abrir de lunes a viernes desde el 1 de marzo, como cualquier otro establecimiento. La composición de este colectivo es un ochenta y cinco por ciento Pymes que están en situación trágica tras meses de cierre y gastos fijos elevados. La mayor parte de los gestores de centros comerciales han sido reluctantes a eliminar o bien recortar los alquileres. La asociación calcula que unos setenta puestos están en riesgo.

Incumplimiento de la normativa

Los centros comerciales aseguran que sostienen medidas sanitarias convenientes a la actual situación y que en todo caso las medidas de cierre favorecen singularmente a Amazon, Alcampo, Carrefour o bien El Corte Inglés, que prosiguen abiertos y venden productos de todo género a pesar de la prohibición expresa para esto. Plaza criticó, por poner un ejemplo, que Carrefour vende productos de todos y cada uno de los departamentos, no solo de los esenciales tal y como si se hizo en el primer semestre del año pasado. Media Markt, Carrefour, Leroy Merlin, Apple, Alcampo o bien El Corte Inglés, por servirnos de un ejemplo, sostienen la actividad comercial a pesar de las limitaciones.

La plataforma #Comerciants_Discriminats, que reúne a más de mil tiendas y restoranes estudia en la actualidad judicializar el enfrentamiento con lo que consideran una clara discriminación. Para Roger Palafolls, directivo del Gremio de Restauración de Barna, el Govern está aplicando una «táctica deshumanizada» que amenaza con llevar a miles y miles de familias a una situación de desamparo. «No posiblemente el costo de la pandemia recaiga sobre las espaldas de las Pymes», ha dicho tras criticar la situación de «inaceptable trato discriminatorio» por la parte de un Govern «inexistente» que ha aplicado una «política deplorable» en una muestra de «ofensa a la dignidad de las familias».

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Para Ramón González, secretario de acción sindical del área de Servicios de CCOO, «es preciso un plan de contingencia más en un largo plazo que tenga presente el impacto de la pérdida de turistas para el campo comercial, que amenaza con un peligro de empobrecimiento del campo en conjunto».

«Nos sentimos expropiados», reconoce Plaza, por un cierre de 6 meses en un año con gastos de funcionamiento que se han reducido poquísimo y que la asociación calcula en una media de noventa euros anuales por tienda. Recuerda que los empleados de centros comerciales equivalen a 5 plantillas de Seat.

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