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Las cuatro claves que extenderán la investigación al rey Juan Carlos

  • La fiscalía acepta que las pesquisas sobre el retirado se alargarán para dar una contestación conjunta a todas y cada una de las diligencias

Cuando se somete a investigación a quien fue el jefe del Estado el celo se extrema al límite. Absolutamente nadie desea cometer un fallo ni dejar un fleco suelto ya antes de decidir el próximo paso. De ahí que la fiscalía ha asumido que la que tiene entre manos relativa al rey retirado va a ser larga hasta poder estar en condiciones de determinar de qué manera deben acabar las 3 diligencias abiertas, a ser posible de una manera conjunta. Las opciones prosiguen siendo dos: archivar las pesquisas, al comprender que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I durante más de 5 millones de euros son suficientes para arreglar el daño ocasionado con su conducta delictiva, o bien hacer justo lo opuesto y presentar una querella en su contra frente a la Sala Segunda del Supremo.

A pesar de que el año pasado se daba por sentado que la primera de las 3 diligencias de investigación abiertas al retirado, la relativa a las supuestas comisiones por la construcción del AVE a La Meca, concluiría antes que concluyera dos mil veinte, con el fichero de las actuaciones referidas a él y la vuelta a Anticorrupción de las relativas a los empresarios implicados, el tiempo ha probado que no ha sido de este modo.

Las fuentes fiscales consultadas por EL PERIÓDICO explican que esa alternativa se barajó, mas se descartó al ir apareciendo nuevas líneas de investigación que se solapaban y forzaban a ampliar las averiguaciones. Las diligencias abiertas por el pago desde cuentas irlandesas con tarjetas opacas a nombre del exayuda de campo del rey, Nicolás Murga, y nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause llevaban un año en Anticorrupción cuando pasaron al Supremo tras su prórroga. Con esas ‘black’, familiares del rey retirado, como sus nietos Victoria Federica y Froilán, pagaron gastos múltiples. Ello coincidió con las terceras diligencias: las relativas a un fondo en la isla de Suéter de la que alertó el SEPBLAC ante sospechas de delito fiscal o bien blanqueo.

Solo con ver los lugares que señalan las diligencias seguidas contra el exmonarca se sabe que se trata de una investigación internacional, en la que hay que instar la cooperación judicial de otros países. Eso se hace con comisiones rogatorias, con las que se piden a otros países desde documentos -como ocurre con Suiza, donde había cuentas de la fundación panameña Lucum y Zagatka (Liechtenstein), de las que el exmonarca era adjudicatario-, o bien sirven para interrogar a testigos o bien encausados, como se hizo con Mónaco para tomar declaración a su primo Álvaro de Orleans. Asimismo se ha pedido ayuda, entre otros muchos, a México, Suéter y Londres.

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La prolongación de las pesquisas ha tolerado al rey, por medio de su letrado, el penalista Javier Sánchez-Tallo, presentar 2 regularizaciones para ponerse al día con Hacienda. La primera, por seiscientos setenta y ocho mil trescientos noventa y tres euros, obedecía a los pagos con las tarjetas, al paso que la segunda, por cuatro.395.901 euros, se relacionaba de forma directa con «las rentas derivadas de la asunción, por la fundación Zagatka, de ciertos gastos por viajes y servicios efectuados» por el retirado. Desde la fiscalía no vacilan en resaltar que el hecho de que haya aflorado este dinero responde a la eficiente investigación que efectúa. Mas para determinar si debe interponer o bien no demanda precisa el informe de la Hacienda sobre esas regularizaciones. Para dar el de la primera a la fiscalía precisó 3 meses, lo que deja vaticinar lo que va a tardar en pronunciarse sobre la segunda, de cuantía superior.

Lo que la fiscalía tiene claro es que, llegado el punto en el que comprendiera preciso presentar demanda, solo interrogará al retirado la Sala Segunda del Supremo, que es el órgano frente al que está aforado cuando perdió la inviolabilidad al renunciar, en el mes de junio de dos mil catorce. La opción de ofrecerle declarar de forma voluntaria frente al Ministerio público en el marco de las diligencias abiertas, como se hace con otros investigados, queda descartada plenamente.

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