Con su histórica resolución del viernes derogando la protección constitucional del derecho al aborto, el Tribunal Supremo ha devuelto a E.U., en muchos sentidos, a la era precedente a mil novecientos setenta y tres, cuando se había reconocido esa protección a la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas cosas, sin embargo, han alterado radicalmente en cuarenta y nueve años. Y la mayor revolución acontecida en ese tiempo, la de la tecnología, ahora dispara la alarma frente a la posibilidad de que en los estados que ya han comenzado a ilegalizar el aborto, y los que lo van a hacer, se exploten herramientas y usos de la era digital para perseguir a las mujeres que abortan o lo procuran y a quienes, de una u otra manera, les asisten. Es el temor a la “vigilancia del útero”.
El término lo acuñó en el mes de mayo, cuando se filtró el boceto de la sentencia, el miembro del Senado demócrata Ron Wyden, que charló de él en un encuentro digital del Instituto Aspen y lo tuiteó al día después escribiendo: “Nada desean más los republicanos que un estado distópico de vigilancia del útero”. Se repite asimismo entre otros muchos legisladores, especialistas legales y en privacidad y tecnología, activistas y observadores, que llevan tiempo advirtiendo de que, en esta era digital, la resolución del Supremo, conjuntada con nuevas y crecientes leyes antiaborto extremas, representa una bomba de relojería.
If you’re a woman in America, there’s a real chance your data could be weaponized against you if you get an abortion. Republicans want nothing more than a dystopian state of uterus surveillance. That’s what’s coming unless Congress protects Americans’ constitutional rights.
— Ron Wyden (@RonWyden) doce de mayo de dos mil veintidos
Datos frágiles
Con la criminalización de prácticamente cualquier interrupción del aborto que esas leyes impulsan, las fuerzas del orden de estados conservadores podrían comenzar a examinar todo lo que estimen que puede dar información sobre si se ha tratado de una cuestión deliberada, ya sea mediante un aborto quirúrgico o mediante pastillas abortivas, con las que se efectúan más de la mitad de los abortos en Estados Unidos y cuyo acceso han limitado o prohibido ciertos estados. (En Misuri se ha propuesto, por poner un ejemplo, que el envío o la entrega de pastillas se considere tráfico de drogas y Luisiana ha aprobado una ley que transforma el envío de pastillas en un delito penado con hasta 6 meses de prisión).
Lo mismo podrían hacer los “cazadores de recompensas” en que leyes como las que están en vigor en Tejas y Oklahoma transforman a cualquier ciudadano que desee denunciar un aborto.
En el foco de autoridades o de esos “cazarrecompensas” entrarían potencialmente historiales de busca en la red que se han efectuado, páginas que se han visitado, datos de ubicación del teléfono o de pagos efectuados con tarjeta de crédito, comunicaciones mantenidas o aun datos de aplicaciones que las mujeres utilizan para hacer un seguimiento de sus periodos.
“Puede empeorar qué géneros de información y técnicas investigativas se explotan en servicio de esas leyes”, advertía antes del dictado de la sentencia del viernes desde la Unión Americana de Libertades Civiles Nate Wessler. “Está claro que veremos investigaciones beligerantes en escaso tiempo probablemente”, informaba en unas declaraciones recientes a ‘Politico’.
Ese escenario es el que dispara las alarmas, singularmente por la falta de regulaciones federales en Estados Unidos que garanticen la férrea protección de los datos o controlen su comercio. Y el inconveniente quedó expuesto a inicios de mayo, en el momento en que un reportero de ‘Vice’ adquirió por ciento sesenta dólares americanos datos de visitas a más de seiscientos centros de Planned Parenthood.
Acción política
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo referencia a este creciente temor en su alegato de reacción a la sentencia del Supremo el viernes, advirtiendo sobre “gobernantes y legisladores estatales extremistas” que, entre otras muchas cosas, “intentan supervisar las acciones de una mujer siguiendo aplicaciones que usa” .
El temor asimismo ya había llevado últimamente a legisladores demócratas, incluyendo el miembro del Senado Wyden, a presentar una propuesta de ley que busca fortalecer la protección de datos. Si bien las opciones de que salga adelante en el Congreso por el momento son casi nulas, la regla, titulada “Mi cuerpo, mis datos”, prohibiría a empresas retener datos sobre salud reproductiva de sus clientes del servicio sin permiso y vetaría asimismo a ‘brokers’ la venta de datos de usuarios sobre ubicación o salud. Esos miembros del Congreso mandaron el viernes una carta a la Comisión Federal de Comercio instándole a abrir investigaciones de acciones de las grandes tecnológicas.
Precedentes
Las alarmas tienen base en precedentes. Ya en dos mil dieciocho, por poner un ejemplo, una mujer de Misuri fue detenida y acusada de asesinato en segundo grado por la pérdida de su bebé a las treinta y seis semanas de embarazo. La mujer aseguraba que nació fallecido mas fue encausada una vez que las autoridades se hiciesen con su teléfono y viesen que había buscado información sobre mifepristone y misoprostol, la medicación abortiva. Si bien un enorme jurado rechazó los cargos, el proceso se prolongó 3 años.
“Ya hemos visto a gente detenida e encausada utilizando vigilancia electrónica y podemos imaginar cuánto va a empeorar en el planeta blog post-Roe”, le afirmaba a Político Albert Fox Cahn, del Proyecto de Supervision de Tecnología de Vigilancia. “Vamos a ver un enorme foco en vigilancia de la telemedicina y de servicios de aborto on-line pues para millones de americanas esa va a ser poco a poco más su única forma de garantizarse atención abortiva segura”.
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Asimismo los líderes de la Electronic Frontier Foundation, organización experta en derechos digitales, han advertido en un comunicado que “quienes procuran, ofrecen o facilitan acceso al aborto deben aceptar ahora que cualquier dato que dan on-line u offline puede ser buscado por fuerzas del orden”.
Tanto esa organización como otras expertas en privacidad urgen a las tecnológicas a fortalecer la protección de sus usuarios por medio de pasos como permitir el acceso anónimo, desamparar el uso de herramientas de seguimiento de comportamiento y de ubicación, fortalecer las políticas de borrado de datos y asegurar que los usuarios son informados cuando alguien busque lograrlos. A las mujeres, mientras que, se les insta a dar asimismo pasos como emplear navegadores que limitan el seguimiento como Tor y DuckDuckGo , VPNs y servicios de correo cifrada como Signal.
