El Gobierno enfrenta una dura negociación sobre la reforma laboral con escaso margen para maniobrar

El Gobierno apenas ha podido degustar el éxito de su pacto sobre la reforma laboral sellado con patronal y sindicatos la víspera de Nochebuena. Enseguida sus asociados de legislatura advirtieron de que su apoyo no estaba garantizado. El Partido Popular adelantó que no va a apoyar el real decreto ley. Los números, por consiguiente, no saldrían al bipartito de Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Mejor dicho: no saldrían el día de hoy. Pues el Ejecutivo espera que en el plazo de un mes, cuando el pleno del Congreso deba votar la convalidación de la medida, las situaciones de partida de los conjuntos hayan evolucionado, y den su respaldo a cambio, si quizás, de cambios menores que no deformen lo pactado con empresarios y trabajadores, un logro nunca conquistado en cuarenta años de democracia. El Gobierno traslada mientras que el mensaje que la opción alternativa es retornar a la reforma del mercado de trabajo actual, la que aprobó el Partido Popular sin acuerdo en dos mil doce, y que esta es una materia medular de la legislatura, que es mucho lo que se juega.

Este martes, veintiocho de diciembre, el Consejo de Ministros —el último del año vigente, en principio— aprobará el real decreto ley de reforma laboral, a tiempo a fin de que entre en vigor ya antes del treinta y uno de diciembre, como se comprometió con Bruselas. Se trata, como defienden en el equipo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha llevado el peso del diálogo con patronal y sindicatos en estos 9 meses de conversaciones, de «un cambio de paradigma, una reforma histórica que por vez primera recobra derechos de los trabajadores» y busca atajar la temporalidad, uno de los males endémicos del mercado de trabajo en España, que conforme la última Encuesta de Población Activa alcanzó el veintiseis con dos por ciento en el tercer trimestre de dos mil veintiuno.

Desde la publicación en el BOE, el Ejecutivo dispondrá de treinta días hábiles para negociar con los conjuntos parlamentarios. No lo va a tener simple, pues el equilibrio logrado con los agentes sociales anda sobre una delgada y débil línea. «Lo pactado no se toca […]. El Parlamento tiene legitimidad de aprobar o bien no, mas entonces no va a ser nuestro pacto, va a ser otra cosa», informaba este lunes en RNE el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. O sea, que la patronal, que ha sufrido desgarro interno por dar su visto bueno mayoritario al decreto ley —se abstuvieron Foment del Treball, CEIM, Anfac y Asaja—, amenaza con romper el pacto si hay cambios en el Congreso.

Los asociados del Ejecutivo, no obstante, desean eso. Modificaciones. El PNV solo halla «un escollo» para brindar su apoyo a un pacto que «valora y respeta», mas es un obstáculo «grande»: quiere que el texto recoja la prevalencia de los convenios autonómicos, para resguardar el marco vasco de relaciones laborales. Bildu comparte esta reclamación mas es considerablemente más dura: se siente «formidablemente desilusionada», en palabras de Arnaldo Otegi. Habla de un «mal pacto» y informa de que «en ningún caso» va a apoyar la reforma tal como está redactada. ERC confluye con los soberanistas vascos: encuentra «faltas fundamentales» que hacen que su voto conveniente «hoy no esté garantizado». «Hay margen para la mejora en sueldos de tramitación, indemnización [por despido], papel de la Administración en despidos de empresas que hayan recibido ayudas y prevalencia de los convenios colectivos autonómicos», precisan a este diario fuentes republicanas.

«Muy a la ofensiva»

Socialistas y morados coinciden en proteger el acuerdo alcanzado. El portavoz de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, Felipe Sicilia, solicitó este lunes a los asociados del Ejecutivo y al resto de conjuntos que respeten «lo máximo posible» la reforma pactada con los agentes sociales, por el hecho de que es fruto de 9 meses de trabajo intenso. Que les «escuchen», les afirmó a los partidos, y «en lo posible se pueda sostener lo que han firmado«. Sicilia expresaba la tesis que manifestaba el portavoz parlamentario socialista, Héctor Gómez, a este periódico en una entrevista publicada el pasado viernes. Unidas Podemos, avanzó Pablo Echenique en TVE, emprende ya una ronda de contactos con los asociados a fin de que apoyen el decreto ley.

En el ambiente de Yolanda Díaz mantienen, en verdad, que van a ir «muy a la ofensiva«, explicando a los conjuntos las bondades del texto. Es más, destacan que en estos meses han mantenido al tanto a los asociados del contenido de las negociaciones, de sus límites. «Estamos persuadidos de que les persuadiremos», apuntan. Los morados recuerdan que aspectos como el costo del despido no ha sido materia de discute con los agentes sociales pues quedó fuera del programa de alianza con el Partido Socialista [aquí en PDF]. Lo mismo ocurre con los convenios autonómicos: no se toca, insisten, la redacción «confusa» del artículo ochenta y cuatro del Estatuto de los Trabajadores. Garamendi advirtió de que no aceptaría la prevalencia de los convenios autonómicos, pues rompería «la unidad de mercado».

La propia Díaz, de la misma manera que el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, se mostraba este lunes optimista sobre el devenir parlamentario de la reforma. Ella ponía en valor el acuerdo, el primero de largo alcance pactado con todos y cada uno de los agentes sociales desde mil novecientos ochenta, y lanzaba el aviso de que tumbarla sería retornar a dos mil doce, al decreto unilateral del Partido Popular. «Es realmente difícil decirle que no a esta regla. Llevamos desde el diecisiete de marzo trabajando con los agentes sociales y llevamos muchos encuentros con las fuerzas políticas. Ahora se abre el discute final y debemos dejar que las fuerzas políticas hagan su trabajo. No convalidar sería que prosigue primando el acuerdo de empresa o bien que se queden sin ultraactividad, como demandaban los trabajadores de Cádiz», mantuvo en ‘La brújula’, de Onda Cero, este lunes de noche. El trámite vital es el de la convalidación: el Congreso da o bien no su refrendo al decreto, y después puede admitir gestionarlo como un proyecto de ley, lo que dejaría introducir enmiendas en las 2 Cámaras.

Otro actor en juego (teorético) es Ciudadanos. Los naranjas piensan que Unidas Podemos ha asumido ciertos planteamientos que mismos firmaron con el Partido Socialista en dos mil dieciseis, que entonces los morados rechazaban, conforme aseveraba su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal. Los liberales festejan el pacto con los agentes sociales, reconocen que hay propuestas que les agradan (como la reducción del número de contratos, la penalización de los empresarios que abusen de la temporalidad o bien la consolidación de los ertes), mas disienten de otros puntos como el retorno a la ultraactividad o bien el reequilibrio en favor de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Por el momento, Partido Socialista y UP no fijan su atención en Cs, por el hecho de que «si bien diese sus votos sin costo«, retraería al resto de conjuntos. Y los 9 votos de Inés Arrimadas, por sí mismos, no bastan, agregan.

Partido Socialista solicita a sus asociados respaldar la reforma laboral https://t.co/JYrm8iqx4s pic.twitter.com/aGod3Qd2Nq

— Europa Press TV (@europapress_tv) veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno

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En la bóveda del Partido Socialista y en Trabajo remarcan que los asociados de legislatura expresan ahora “situaciones de partida”, de máximos, mas que entonces se diluirán cuando la negociación pase a ser prudente. Ocurrió con la ley riders, apuntan los morados: había mucha oposición parlamentaria y al final se aprobó en un mes y sin enmiendas. Ahora sería incomprensible, esgrimen, no validar un pacto nuevo con patronal y sindicatos. Por delante, un mes. Una eternidad en política. Lo afirman en la Moncloa: “Ese no es el inconveniente de el día de hoy”.